El fiscal general de Oklahoma busca respuestas sobre la titularidad de la fundición de Inola
OKLAHOMA CITY (KSWO) — El fiscal general de Oklahoma solicita que las empresas detrás de una controvertida planta de fundición en Inola revelen quiénes son sus propietarios.
El lunes, el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, pidió a un juez que exija a las compañías —Emirates Global Aluminum y Century Aluminum— que respondan a preguntas sobre su estructura de propiedad.
EGA es una empresa propiedad del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, que posee una participación mayoritaria del 60 por ciento en el proyecto.
Sin embargo, Drummond cuestiona qué beneficios podría obtener Jared Kushner —a quien se le atribuye haber impulsado el desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos— a raíz de esta inversión emiratí.
Asimismo, amplía el alcance de las solicitudes de Oklahoma para incluir los intereses financieros que poseen los familiares políticos de un funcionario público.
En su escrito judicial, Drummond señaló, entre otras cosas:
«Se trata de acusaciones, no de hechos probados, y el Estado las aborda como tales», afirmó Drummond en el documento presentado hoy. «No obstante, son acusaciones graves que atañen al gobierno que posee el sesenta por ciento de este proyecto, y el Estado tiene derecho a determinar si dichas acusaciones afectan al mismo. Los demandados declararon ante el tribunal federal que la iniciativa se concretó mediante una asociación entre los gobiernos de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Según los informes, ese mismo gobierno realizó pagos a un alto funcionario estadounidense —a través de un banco presidido por el hermano de su gobernante— a cambio de su influencia en la política de Estados Unidos. Si algún funcionario público, o un familiar suyo, posee intereses en la inversión emiratí que respalda la planta de fundición de Inola, o si puede obtener algún beneficio de ella, ese hecho guarda una relación directa con las cuestiones que son objeto de este litigio».
Anteriormente, en junio, Drummond presentó una demanda para detener el desarrollo de la planta de fundición.
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